9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado y en España fallecen casi 35.000 por esta causa, según datos de la Organización Mundial de la Salud que trae a colación Greenpeace en un comunicado.
Se trata de “una crisis de salud pública” con casos de neumonía infantil, bronquiolitis y crisis asmáticas “que se disparan por la presencia de partículas microscópicas que se consideran sustancias cancerígenas de primer orden”.
La ONG explica que las emisiones ligadas al transporte son las que más están creciendo y en ciudades como Madrid o Barcelona se superan los máximos legales permitidos, lo que “perjudica especialmente a la población más vulnerable como menores, tercera edad o personas con enfermedades respiratorias”.
También la quema de carbón, responsable del cambio climático, contribuye a afectar a la salud y, por ello, Greenpeace reclama a España que cierre las centrales de térmicas y de carbón y ponga fecha final a la venta de coches de combustión antes de 2030”, porque “es uno de los países que más va a sufrir las peores consecuencias, en forma de olas de calor, sequías, pérdida de especies o fenómenos meteorológicos extremos”.
Los grupos ecologistas son un objetivo. Las propias asociaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción admiten que saben que son vigiladas, además de por la policía, también por grandes corporaciones que les espían como ha ejemplificado la supuesta infiltración contratada por Iberdrola al excomisario José Manuel Villarejo contra una plataforma ambientalista.
"Somos molestos y estamos acostumbrados a que nos pongan trampas", cuenta más de 15 años después de la oposición a la térmica de Iberdrola en Arcos de la Frontera (Cádiz), José Luis de las Heras, uno de los ecologistas de la plataforma. "No noté nada entonces, pero los movimientos sociales son algo abierto y con los medios tecnológicos que hay para vigilar, nosotros no podemos hacer nada", cuenta tras enterarse de las operaciones atribuidas a la energética. "Ser ecologista es correr un riesgo en España", sentencia.
La plataforma ecologista en la que participaba José Luis Heras trataba de impedir la construcción de una central eléctrica a base de gas en Arcos de la Frontera. La calificaban de "innecesaria, contaminante e ilegal por la cercanía de núcleos habitados". El proyecto de Iberdrola sumaba unos 800 millones de euros y, finalmente, se puso en marcha en 2005. La empresa solicitó permiso para desmantelar una parte de la central en 2013 por la bajada de rentabilidad ante la caída de la demanda y la proliferación de plantas de energía renovable. Le fue denegado.
La operación descrita en las grabaciones del expolicía atañe, entre otras, a las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace. La segunda tiene en su haber –al menos en sus ramas internacionales– con algunos de los casos más sonados: en 2011, la justicia francesa condenó a la energética EDF a pagar 1,5 millones de euros (500.000 de ellos directamente a la organización) por haber espiado a Greenpeace durante su campaña antinuclear. En Gran Bretaña, el policía encubierto, Robert Lambert, se infiltró en la organización durante años y estuvo implicado en un caso de difamación contra dos activistas por parte de McDonalds. Tras ser condenados en Gran Bretaña, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó a los ecologistas.
"Aquí en España no tenemos pruebas, aunque podamos sospechar en algunas ocasiones en las que la policía ya está en lugares donde pensábamos desarrollar alguna campaña", explican. "Damos por hecho que hay interés en vigilarnos y tratamos de ser precavidos. No podemos hacer mucho más", reflexionan en la organización, que también se enteró por la prensa a principios de 2019 de que el mismo Villarejo explicaba otras prácticas similares de vigilancia sobre ellos.
En este sentido, el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, admite que "es el pan nuestro de cada día. Es bastante habitual. Al final esas prácticas de cloaca no se han limitado a la política, sino que se han extendido a los movimientos sociales". Y luego añade que "es tremendamente sencillo infiltrarse en organizaciones como la nuestra en la que hay mucho trabajo voluntario y abierto. Cada uno aporta lo que puede, por lo que es francamente fácil". Y no todo es espionaje: "También entran para generar conflictos internos". Una de las estrategias que aparecen en las grabaciones de Villarejo sobre la plataforma contra la central de Iberdrola se centra en que estén pendientes de sus propios conflictos y se olviden de la infraestructura.
'Los verdes son los nuevos rojos'
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